EL JUICIO FINAL - LOS DESTINOS DE PAÚL MARCINKUS, MICHELE SINDONA Y LICIO GELLI

El escándalo estaba sobre la mesa y el cadáver de Calvi colgando de Blackfriar's no bastaba como chivo expiatorio. Alguien tenía que pagar. Había llegado la hora de que Marcinkus, Sindona y Gelli hicieran frente a sus respectivos destinos. Claro que algunos salieron mejor parados que otros.

Los problemas para Marcinkus y el Instituto para las Obras de Religión no terminaron con la aparición del cuerpo de Caivi en el puente de Blackfriar's. Más bien al contrario, se puede decir que comenzaron justo en ese punto. En cualquier caso:

El pontífice polaco no pronunció una sola palabra de cristiana congoja ni de humana piedad por la muerte violenta del banquero católico-masón que durante tantos años había negociado en nombre y por cuenta de las finanzas vaticanas.'

1. Discípulos de la Verdad, op. cit.

Apenas dos meses después de la muerte del financiero, las autoridades monetarias italianas volvieron a reclamar a Marcinkus, y ahora no le iba a servir alegar desconocimiento, ya que traían consigo una copia de la carta en la que el IOR admitía ser el propietario de las ocho empresas «panameñas». No obstante, el arzobispo no se arredró lo más mínimo. Mostró a los funcionarios una misiva, firmada por Calvi, en la que éste solicitaba el documento de patrocinio, pero declaraba que ello no implicaba responsabilidad alguna para la Iglesia. Si aquello no bastaba, Marcinkus les recordó a sus visitantes que no tenían jurisdicción alguna en el Estado soberano del Vaticano.

Tal vez fuera así, pero ello no quería decir que el gobierno italiano fuera a quedarse de brazos cruzados. El ministro de Hacienda Beniamino Andreatta declaró a la prensa que «el gobierno está esperando una clara asunción de responsabilidades por parte del IOR». En vista de que la institución no parecía dispuesta a asumir tal cosa, el 31 de julio de 1982, mes y medio después de la muerte de Calvi, llegaron tres cartas certificadas al Vaticano. Procedían de Milán y los destinatarios eran Paúl Marcinkus y sus dos colaboradores más cercanos, Luigi Mennini y Pellegrino de Strobel, que habían pasado a residir en el Vaticano para eludir, de esta manera, cualquier posible acción de la justicia italiana.3 Se había iniciado una investigación sobre la posible implicación de los interesados en la quiebra del Banco Ambrosiano. Los jueces de Milán encargados del caso habían decretado el embargo cautelar de los bienes que los tres sospechosos poseían en territorio italiano.4

2. Tosches, Nick, op. cit.

3. Wills, Garry, op. cit.

4. Doménech Matilló, Rossend, op. cit.

En la prensa el escándalo ya estaba servido desde hacía tiempo, tanto que el rotativo La Repubblica comenzó a publicar una tira cómica con el título «Las aventuras de Paúl Marcinkus».
 

EXCLUIDO DEL SÉQUITO
Marcinkus comenzó a ver declinar su estrella y quedó excluido en los viajes del séquito papal. De hecho, durante el pri mer viaje de Juan Pablo II a España, en noviembre de ese mismo año, ya no se pudo ver al antaño imprescindible arzobispo entre los acompañantes del pontífice. Para unos, ello se debió a que la compañía de Marcinkus comenzaba a ser percibida como embarazosa por el propio papa, que no deseaba verse públicamente relacionado con un encausado por los tribunales. Para otros fue el episcopado español el que declaró a Marcinkus persona non grata. Finalmente, es posible que fuera el mismo arzobispo quien se resistiese a abandonar la seguridad de los muros vaticanos ante las amenazas telefónicas y escritas que le llegaban casi a diario por parte de la mafia.5

En un intento por calmar los ánimos de las autoridades italianas, el secretario de Estado Casaroli propuso la creación de una comisión de investigación mixta con tres representantes del gobierno italiano y tres del Vaticano. El 27 de diciembre de 1982 comenzaron las sesiones, y como era de suponer los resultados no fueron concluyentes; mientras tanto los representantes vaticanos daban por demostrada la no implicación de la Santa Sede con las empresas «panameñas», ante lo cual la mayoría de los italianos no se mostró en absoluto de acuerdo.6

5. £/ País, 26 de febrero de 1987.

6. Bernsteign, Cari y Politi, Marco, op. cit.

Pasquale Chiomenti, presidente de la comisión por parte gubernamental, concluyó que existía «más allá de toda posibilidad de duda, la prueba de que, al menos desde algún tiempo a partir de 1974, entre Roberto Calvi y el IOR hubo estrechas relaciones, todas ellas con el fin de cubrir posiciones y actividades no muy ortodoxas de Roberto Calvi en el ámbito del Banco Ambrosiano y de las sociedades u otras entidades directa o indirectamente controladas por éste».

Los acreedores se sintieron decepcionados ante semejantes conclusiones y continuaron presionando para que la investigación judicial no cesara. Así, las pruebas que señalaban al IOR como propietario de las sociedades «panameñas» fueron saliendo a la luz. En los archivos de la Banca del Gottardo, por ejemplo, apareció un documento firmado por altos funcionarios del IOR, y fechado el 21 de noviembre de 1974, en el que se solicitaba de este banco la creación por cuenta del IOR de una compañía llamada United Tradíng Corporation, precisamente una de las empresas fantasma.7

7. Yailop, David, op. cit.

Ya se sabía desde hacía algún tiempo que la Banca del Gottardo, en Suiza, era una de las claves para incriminar al IOR en las irregularidades financieras de Roberto Calvi:

Desde su detención en mayo de 1981, Calvi había ejercido una presión enorme sobre el Vaticano, buscando ayuda tanto para sus problemas legales como para los apuros financieros del Banco Ambrosiano. Durante su estancia en la cárcel, Calvi comunicó a su familia que las operaciones anómalas con acciones por las que estaba siendo juzgado habían sido realizadas, en realidad, en representación del IOR. Explicó que las pruebas de la implicación del Banco Vaticano se hallaban en documentos depositados en la Banca del Gottardo, documentos que ésta no podía dar a conocer sin autorización del IOR de acuerdo a las leyes suizas sobre el secreto bancario.8

8. Gurwin, Larry, op. cit.
 

UN PAGO DE «BUENA VOLUNTAD»
Más tarde se descubrirían otras irregularidades que implicaban, por ejemplo, a la United Trading Corporation (la empresa presuntamente creada por el IOR) en la estafa de 69 millones de dólares al Banco Andino.9

9. Coiby, Laura, «Vatican Bank Played a Central Role in Fall of Banco Ambrosiano», Wall Street Jomnal, 27 de abril de 1987.

Los tres encausados se acogieron al beneficio de inmunidad, previsto en el artículo 11 del Tratado de Letrán, que impide la interferencia del Estado italiano en las «instituciones centrales de la Iglesia católica» (algo que hay que recordar cada vez que se dice que el IOR no forma parte de la estructura de la Iglesia). El 3 de octubre de 1983, el juez instructor de la causa, Antonio Prizzi, rechazó que los inculpados tuvieran derecho a este beneficio:

A los miembros del IOR se les han enviado notificaciones judi ciales referentes a indicios de delitos consumados en territorio italiano, con daños a subditos italianos y realizados con la colaboración de ciudadanos italianos.10

10. López Sáez, Jesús, El día de la cuenta, Meral Ediciones, Madrid, 2005.

Ante lo contundente de las pruebas que se iban conociendo, el Vaticano se vio obligado a pactar con los acreedores el 25 de mayo de 1984. Este hecho se rubricó con la firma de un acuerdo en los locales de la Asociación Europea de Libre Intercambio en Ginebra. Allí, ante sesenta funcionarios en representación de 109 bancos acreedores, el IOR se comprometió a abonar 250 millones de dólares en tres plazos, que gracias al descuento por la rápida ejecución del pago se quedaron exactamente en 240.822.222 dólares y 23 centavos. Eso sí, se trataba de un pago de «buena voluntad» y la Santa Sede seguía sin reconocer su implicación en ningún hecho irregular.

Sin embargo, que los acreedores estuvieran contentos no quería decir que se detuviera el proceso penal. La batalla legal se prolongó durante varios años, en los cuales los jueces italianos se dedicaron a acumular pruebas en contra de Marcinkus. El 20 de febrero de 1987, el juez Renato Bricchetti emitió una orden de busca y captura contra Marcinkus, Mennini y De Strobel:

El apoyo del IOR, que ha sido un socio insustituible del sistema operativo puesto en marcha por Calví, ha representado una cons tante inequívoca en la actividad realizada por el grupo directivo del Banco Ambrosiano, hasta culminar en la expedición de las cartas de patrocinio, lo que se ha revelado perjudicial para los intereses de dicho banco.12

11. Martín, Malachi, Rich Church, Poor Church, op. cit.

12. Coin, Leonardo y Sisti, Leo, Marcinkus, el banquero de Dios, Grijalbo, Barcelona, 1992.

HAY QUE CREER A MARCINKUS
Lo realmente relevante del contenido de esta orden de detención es que no se ponía en tela de juicio una o varias actuaciones con cretas del IOR, sino toda su relación con el Banco Ambrosiano durante años. El auto no dejaba duda respecto a la titularidad de las empresas «panameñas»: «Esas sociedades habían sido pensadas y eran controladas por el IOR y por Roberto Caivi; después, se habían puesto a disposición de éste para que llegaran a ellas, procedentes de otras asociadas, sumas ingentes que figuraban como operaciones bancarias normales».

A pesar de ello, ni Marcinkus ni los otros dos directivos del banco fueron nunca procesados.13 El 6 junio de 1988, el Tribunal Constitucional italiano hacía pública una sentencia según la cual ningún tribunal de la república italiana tenía potestad para procesar a los sacerdotes ejecutivos del IOR, en virtud de la inmunidad garantizada por el Tratado de Letrán.

Marcinkus siguió negando su responsabilidad, y declaró, sor prendentemente, no conocer los documentos que él mismo firmaba. Pese a haber estudiado Derecho en Roma y ser durante diez años presidente del IOR, no tuvo el menor reparo en reconocer que ni leía ni comprendía los documentos del banco. Él no había hecho más que confiar en Caivi y éste había abusado de su ingenuidad.14

13. Wynn, Wilton, Keeper ofthe Keys, Random House, Nueva York, 1988.

14. Tavakoli, Janet M., op. cit.

Si había una sola persona que creyera la versión del arzobispo, ése era Juan Pablo II, cuyos lazos personales con Marcinkus, lejos de enfriarse, se habían estrechado en aquellos años, tantos que, incluso, se planteó nombrarle cardenal. Sin embargo, el proyecto tuvo que cancelarse debido a que sus asesores le avisaron de que semejante nombramiento podría suponer un escándalo de consecuencias funestas para la ya menoscabada imagen pública de la Iglesia. Aun así, no se descartó que Marcinkus fuera nombrado cardenal in péctore, cuya identidad es conocida sólo por el papa.

(Esta fórmula permite a los papas honrar a prelados cuyo nombramiento podría plantear riesgos para ellos mismos, para las relaciones del Vaticano con otro Estado o por simples razones de conveniencia. De hecho, Juan Pablo II nombró 21 cardenales en el que sería su último consistorio, en octubre de 2003, y anunció que guardaba «en su corazón» la identidad de uno de ellos.)

Algunos personajes relevantes del panorama vaticano, como los cardenales Benelli y Rossi, llegaron a solicitar que Marcinkus fuera depuesto de sus cargos y expulsado del Vaticano. Pese a los esfuerzos, los cardenales no pudieron vencer la barrera levantada por el propio papa, que protegió a Marcinkus e hizo oídos sordos sobre cualquier comentario desfavorable hacia su amigo.15 Cada vez que una crítica hacia Marcinkus llegaba al papa, Juan Pablo II exigía que se le presentasen pruebas irrefutables de la participación del arzobispo en los negocios fraudulentos que se gestionaban desde el Banco Ambrosiano: «Hay que creer a Marcinkus cuando dice que ha sido engañado por Caivi». Esta actitud se prolongó durante los cuatro años en los que Marcinkus permaneció refugiado en la Santa Sede sin poder pisar suelo italiano.

15. Manhattan, Avro, Murder in the Vatican, op. cit.

Finalmente, en 1991, y tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo italiano, Marcinkus partió a un dorado exilio a Estados Unidos. En 1995 se conoció otro escándalo, esta vez referido al tráfico ilegal de oro, que implicó al arzobispo por su aparente proximidad con el principal encausado, un agente de la CÍA retirado llamado Roger D'0nofrio, que fue detenido en Italia. Otra investigación, esta vez por parte del Departamento de Estado norteamericano, le puso de nuevo en el punto de mira a raíz de los millones de dólares del oro nazi desaparecidos de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial.

Paúl Marcinkus tiene hoy 83 años. Vive en una casa de siete habitaciones valorada en 180.000 euros que compró en 1997 cerca de los campos de golf de Sun City, Ari zona, donde, protegido por su pasaporte diplomático italiano, juega todos los días al golf y disfruta de caros puros habanos.16 Hasta la fecha sigue negando todos los cargos en su contra:

He sido acusado de asesinar a un Papa y de estar envuelto en el fraude del Banco Ambrosiano. Ambos cargos son absolutamente in fundados y falsos. Me repito a mí mismo continuamente: quizá esta es la forma en que Dios tiene de asegurarse de que yo ponga mi pie en la puerta del paraíso. Si lo pongo, no puede cerrarme la puerta.17

16. Skolnick, Sherman, «Skolnick Report», 28 de enero de 2002. Newsletter de Internet.

17. «Paúl Marcinkus. Entre Dios y las finanzas», La Nación, 5 de abril de 2004.
 

SOLIDARIDAD
Sin embargo, el alejamiento de Marcinkus de la Santa Sede no significó el final del problema, sino su entrada en una nueva fase cuando se descubrió que el dinero desaparecido del Banco Ambrosiano y del resto de empresas afines había ido a parar, aparte de a Calvi, a Propaganda Due y a los escuadrones de la muerte iberoamericanos, al sindicato polaco Solidaridad, tan apoyado por el papa Juan Pablo II. De hecho, más de cien millones de dólares habían terminado en Polonia. No es de extrañar que los más suspicaces empezaran a sospechar que el papa estaba al corriente del destino y la procedencia de aquel dinero:

Los flujos de dinero llegaban a Varsovia a través del IOR y, más concretamente, a través del Instituto Financiero, que era el aliado laico por excelencia de la banca vaticana y de Marcinkus: es decir, el Banco Ambrosiano, cuyo presidente era Roberto Calvi. En enero de 1981, tales informaciones fueron confirmadas, autorizadamente también por los franceses, cuyos servicios de inteligencia eran muy diferentes de los italianos.'8

En 1982 Calvi habló de estas operaciones con su «amigo» Flavio Carboni, sin saber que éste llevaba escondida una grabadora:

Marcinkus debe tener cuidado con Casaroli, que es el jefe del grupo que se le opone. Si Casaroli se encontrase con uno de esos financieros de Nueva York que trabajan para Marcinkus enviando dinero a Solidaridad, el Vaticano se hundiría. Tan sólo bastaría con que Casaroli encontrara uno de esos papeles que yo conozco y adiós Marcinkus, adiós Wojtyla, adiós Solidaridad... La última operación sería suficiente, la de veinte millones de dólares. Hablé con Giulio Andreotti, pero no tengo muy claro de qué lado está. Si las cosas en Italia siguen por un rumbo determinado, el Vaticano tendrá que alquilar un edificio en Washington, detrás del Pentágono. Muy lejos de la basílica de San Pedro.19

18. Pazienza, Francesco, II disubbidiente, Longanesi & C., Milán, 1999.

19. Yailop, David, op. cit.
 

La situación social en Polonia estaba presidida por una crisis económica que solamente pudo ser paliada por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Banca Internacional, la emergencia de un movimiento obrero —Solidaridad— con una amplísima organización y una dirección dividida entre católicos e izquierdistas y, por último, la poderosa influencia del catolicismo en el país. El pueblo polaco ha atravesado a lo largo de su historia varios períodos de disolución nacional en los que la religión católica se convirtió en fundamento de su identidad. Los opresores, rusos o prusianos, tenían otra religión. Paradójicamente, el autoritarismo del Estado comunista dio un enorme empuje a la religiosidad. Mientras que en Occidente las iglesias se vaciaban paulatinamente, en Polonia el cristianismo gozaba de buena salud y la opresión política estimulaba un síndrome del mártir cristiano.

A principios de los ochenta, la conflictividad obrera tenía en jaque al régimen polaco. Los norteamericanos estaban ansiosos por intervenir para erosionar a su rival geopolítico, pero ello acarrearía graves tensiones diplomáticas. En este escenario, Juan Pa blo II fue la pieza clave tanto en lo ideológico como en lo económico.
 

Y ¿QUÉ FUE DE SINDONA?
Mientras todo esto acontecía en Italia, Michele Sindona atravesaba su particular travesía del desierto en Estados Unidos. Durante el verano de 1979 fue «secuestrado», como ya se ha mencionado anteriormente. Sobre este hecho sigue existiendo controversia entre los expertos a día de hoy. Unos piensan que se trató de un secuestro orquestado y organizado por el propio Sindona y sus socios de la familia Gambino para eludir la justicia, al menos durante el tiempo necesario para poner al corriente sus asuntos legales y, de paso, sustraer de sus cuentas un generoso «rescate».

Otros, por el contrario, opinan que varios miembros de la mafia y de Propaganda Due debían de estar muy nerviosos ante el inminente paso del financiero por los tribunales, ya que guardaba muchos de sus secretos y de su dinero, y decidieron reservarse un tiempo en su compañía para atar cabos, recuperar los fondos diseminados en decenas de cuentas secretas y recordarle a su socio lo conveniente para su salud que podía ser no contar nada comprometedor.

En cualquiera de los dos supuestos hay que reconocer que no se escatimó en la puesta en escena. El 2 de agosto de 1979, Sindona desapareció de su domicilio. Su secretaria recibió poco después una llamada telefónica anónima: «Hemos secuestrado a Michele Sindona. Recibirán más información». A la familia se le envió una carta: «Tenemos preso a Michele Sindona. Deberá responder ante la justicia proletaria». El mensaje estaba escrito en italiano y firmado por el Comité Proletario para la Implantación de una Justicia Mejor. El 16 de octubre, 76 días después del secuestro, Sindona fue liberado en Nueva York junto a una cabina telefónica, en la esquina de la 42 con la Décima Avenida de Manhattan. Presentaba una herida de bala en la pierna que había sido cuidadosamente limpiada y vendada.

Tras este extraño incidente, se celebró el juicio. El 27 de marzo de 1980, Sindona fue encontrado culpable de 68 cargos de apropiación indebida, fraude y perjurio en relación con la quiebra del Frankiin National Bank. Fue multado con 207.000 dólares y sentenciado a cumplir 25 años en la penitenciaría de Otisville, en Nueva York. El 1 de septiembre de 1981, escribió una larga carta al presidente de Estados Unidos Ronaid Reagan en la que le solicitaba el indulto.

La misiva fue entregada en mano por David Kennedy, secretario del Tesoro durante la administración de Richard Nixon. Sin embargo, esta petición de ayuda quedó simplemente en eso, en una petición. Tres meses después recibió una contestación bastante fría en la que se le indicaba que su solicitud seguiría los trámites establecidos. Decepcionado, Sindona decidió recurrir a su antiguo amigo Richard Nixon, a quien también mandó una carta de cuatro páginas pidiéndole ayuda. Tampoco en esta ocasión obtuvo respuesta.

El silencio de sus amigos americanos no era lo peor que le esperaba a Michele Sindona. La justicia italiana seguía con su investigación y el hecho de tener al financiero encarcelado en Esta dos Unidos facilitaba su eventual extradición. El 7 de julio de 1981, el pueblo de Italia acusó a Sindona de haber ordenado el asesinato de Giorgio Ambrosoli y el 25 de enero de 1982 fue en causado en Palermo junto a otros 75 miembros de las familias Gambino, Inzerillo y Spatola en una macrocausa por narcotráfico. Finalmente se le extraditó a Milán y se le condenó a cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad de Voghera.

A las 8.30 del 20 de marzo de 1986, Michele Sindona se disponía a tomar el desayuno en su celda. Como todos los días, el plato y la taza de café estaban sellados. Poco después se pudo escuchar un grito de angustia: «¡Me han envenenado!». Cuando los guardias accedieron a la celda, encontraron al banquero tendido en el suelo y cubierto de vómito. Cuarenta y ocho horas después fallecía en el hospital, donde había ingresado en estado de coma. La causa de la muerte fue una dosis letal de cianuro mezclada con café. Cómo pudo suceder esto en una prisión de máxima seguridad sigue siendo un misterio.
 

PROBLEMAS DE CORAZÓN
Mucho más inteligente demostró ser Licio Gelli, el personaje que salió mejor parado de esta siniestra historia. Tras el descubrimiento por parte de las autoridades de la trama que orquestaba Propaganda Due, Gelli fue acusado de espionaje, conspiración, asociación criminal y fraude. Sin embargo, consiguió eludir los cargos huyendo a Argentina. El 13 de septiembre de 1982, Gelli se arriesgó a volver a Europa para retirar cincuenta millones de dólares de una cuenta en Suiza.

Las autoridades de aquel país no tardaron en detenerle, pero gracias a un soborno volvió a escapar antes de poder ser extraditado a Italia. En 1987 el banquero comenzó a negociar con el gobierno italiano las condiciones de su retorno, alegando graves problemas de corazón. Tras asegurarse de que sólo sería juzgado por delitos económicos, Gelli se entregó. Tras dos meses en prisión fue puesto en libertad bajo fianza debido a su salud y, una vez condenado, se le confinó a un arresto domiciliario en su lujosa villa de Toscana.

En 1998 huyó de nuevo, pero fue detenido dos meses después en Cannes. Fue encerrado en la cárcel de Regina Coeli. Sin embargo, volvieron a aparecer en el momento oportuno sus problemas cardíacos y se le permitió regresar a Toscana. En definitiva, por todos los delitos que hemos relatado (terrorismo, espionaje, conspiración, posiblemente asesinato y todos los fraudes económicos imaginables), Licio Gelli pasó un total de dos meses en presidio.

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EL GOLPE - LOS NUEVOS ESCÁNDALOS FINANCIEROS DEL VATICANO

Tras la conmoción que supuso el atentado contra Juan Pablo II en la plaza de San Pedro y las intrigas de espionaje que le siguieron, el mundo de las finanzas vaticanas se volvió a tambalear no ya ante los manejos de una compleja red de mafíosos internacionales, sino ante los de un timador de altos vuelos que supo aprovecharse como nadie de la codicia de ciertos miembros de la Iglesia.

En 1982 el papa Juan Pablo II estableció una alianza estratégica con el presidente estadounidense Ronald Reagan que tenía al sindicato Solidaridad como máximo exponente para minar el bloque soviético. El gobierno de Estados Unidos informaba a la Santa Sede de toda suerte de asuntos de interés global a cambio de contar con su apoyo en las cuestiones en que fuera necesario. Mientras Estados Unidos, por ejemplo, bloqueaba millones de dólares de ayuda a países que contaban con programas de planificación familiar, el papa, «mediante un significativo silencio», apoyaba algunas de sus políticas militares, incluida la de proveer a la OTAN con una nueva generación de misiles crucero.1

Todas las semanas, el jefe de la estación de la CÍA en Roma llevaba personalmente al papa un extenso informe secreto elaborado por la CÍA. Ningún otro líder mundial, a excepción del presidente estadounidense, tenía acceso a la información que el papa recibía, lo que explica que la primera parte del pontificado de Juan Pablo II tuviera un marcado carácter político que a punto estuvo de costarle la vida en la plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981, cuando fue abatido por las balas de Mehmet Ali Agca, antiguo miembro de un grupo terrorista llamado Lobos Grises. Sin embargo, el papa sabía muy bien que el ejecutor del atentado era sólo un peón en manos de una fuerza mucho más poderosa que quería verle muerto. El arzobispo Luigi Poggi, «el espía del Papa», fue el encargado de averiguar quién había ordenado el asesinato.

Durante meses, el arzobispo mantuvo contactos con diversos servicios de inteligencia hasta que en noviembre de 1983, el Mossad, el servicio secreto israelí, le proporcionó la información que buscaba. La CÍA pensaba, tal vez porque era la versión que mejor se acomodaba a sus intereses estratégicos, que Agca había sido el ejecutor de un complot inspirado por el KGB y materializado por los servicios de espionaje búlgaros. Los estadounidenses argumentaban que Moscú temía que el pontífice encendiera la mecha del nacionalismo polaco. Pero la CÍA se equivocaba. Lo que descubrieron los agentes del Mossad fue que el complot había sido urdido en Irán con la aprobación del ayatolá Jomeini, como primer movimiento para librar una guerra santa contra Occidente y sus valores decadentes.2

1. Bernstein, Cari, «The Holy Alliance», Time, 24 de febrero de 1992.

2. Thomas, Gordon, Mossad. La historia secreta, Javier Vergara, Barcelona, 2000.

Un mes después, el 23 de diciembre de 1983, el papa fue a ver a Agca a la prisión de Rebibbia. El encuentro fue concertado como un «acto de perdón», pero, en realidad, lo que Juan Pablo II quería saber era si lo dicho por el Mossad se correspondía con la verdad. Los periodistas permanecieron en el corredor, y con ellos los numerosos guardias preparados para entrar en la celda en caso de que Agca hiciera algún movimiento sospechoso. El diálogo duró veintiún minutos, tras los cuales el papa se puso en pie y le extendió una caja en la que había un rosario de nácar y plata. Agca había confirmado lo que el arzobispo Luigi Poggi averiguó por el Mossad. Este hecho cambiaría para siempre la actitud de Juan Pablo II hacia el islam e Israel.
 

EL ESCÁNDALO FRANKEL
Por otro lado, la desaparición del escenario de los principales im plicados en el escándalo del Banco Ambrosiano no supuso que el resto del pontificado de Juan Pablo II estuviera libre de la sombra de los escándalos financieros.

El hombre que volvió a aprovecharse de la Iglesia para bene ficiarse a su costa se llamaba Martín Frankel, una especie de Roberto Caivi que se las arregló para organizar una de las mayores estafas que ha visto Estados Unidos en su época más reciente.3

3. Behar, Richard, «Washing Money In The Holy See: What do Martín Frankel, several sénior Vatican figures, and a bigwig Reaganite lawyer have in common? It may take years for all the details to surface, but one thing is certain: It doesn't look deán», Fortune, 16 de agosto de 1999.

Frankel llevaba camino de convertirse en un artista del fraude y tenía la pretensión de crear un imperio financiero con la ayuda del IOR. Para ello adoptó el nombre supuesto de David Rosse y contrató al prestigioso abogado Tom Bolán. El 8 de agosto de 1998, y gracias a las gestiones de su amigo, el sacerdote neoyorquino Peter Jacobs, Bolán llegaba al Vaticano para reunirse con Emilio Colagiovanni, que iba a desempeñar un papel protagonista en la historia.

Colagiovanni dirigía la fundación Monitor Ecciesiasticus, que publicaba una revista de derecho canónico. Aunque se encontraba jubilado, en su día fue juez de la Rota Romana, el tribunal de apelaciones vaticano, célebre en el mundo de la prensa rosa por ser el lugar en el que se dirimen las nulidades matrimoniales. En aquellos días, utilizando un viejo ordenador, un bote de cola y unas tijeras, componía su revista de derecho en la pequeña casa de campo en que vivía y trabajaba. Monitor Ecciesiasticus no formaba parte del Vaticano, pero había sido bendecida por un papa anterior y, lo más importante desde el punto de vista de Frankel, tenía una cuenta corriente en el IOR.4

Bolán contó a los allí reunidos que representaba a un rico fi lántropo de origen judío llamado David Rosse, que tenía el deseo de donar para causas pías cincuenta millones de dólares a través de una fundación formada en el Vaticano a tal efecto o de una ya existente y con sólidos lazos con la Santa Sede. (Frankel había -ornado el nombre de David Rosse de uno de sus guardaespaldas, le cuya biografía [lugar de nacimiento, estudios, servicio militar, etc.] se había apropiado, de ral manera que si alguien investigaba e encontraría con que todos los datos encajaban, incluido su do nicilio actual.)

4. Joan Pollock, Ellen, The Pretender: How Martín Frankel Fooled the Pinancial 7orld and Led the Feds on One of the Most Publicized Manhunts in History, Wall :reetJournal Books, Nueva York, 2002.

La posibilidad de que el Vaticano recibiera tal cantidad de dinero era, ciertamente, muy atractiva, y entre todos los presentes el que se creyó el embuste con más fuerza fue monseñor Colagiovanni. Ante la propuesta respondió con una entusiástica recitación de las cualidades que le convertían en el hombre más indicado para realizar aquella tarea: tenía múltiples contactos entre los altos dignatarios del Vaticano, como el secretario de Estado, y sabía lo que había que hacer para que el sueño de tan generoso donante se hiciera realidad.
 

PATENTE DE CORSO
El 22 de agosto Bolán, en una reunión en el Hotel Hassier de Roma, presentaba una propuesta oficial de seis páginas. Rosse (es decir, Frankel) establecería una fundación en Licchtenstein que estaría regida por unos «estatutos secretos». Por medio de un banco suizo, Rosse enviaría a la fundación 55 millones de dólares, de los cuales cincuenta serían enviados a Estados Unidos para uso exclusivo del propio Rosse y los cinco millones restantes se transferirían a una cuenta controlada por el Vaticano. A nadie le pareció mal. Es más, los sacerdotes involucrados en la operación se apresuraron a pensar en el destino que darían a esos primeros cinco millones de dólares.

Monseñor Colagiovanni esperaba que su fundación se beneficiara de aquel dinero y el padre Jacobs deseaba que una parte fuera destinada a una obra de caridad con la que se sentía especialmente implicado, la Ciudad de los Muchachos de Italia. Tras algunas discusiones el dinero se repartió de la siguiente forma: 3,5 millones para Monitor Ecciesiasticus, 1,1 para las obras de caridad del padre Jacobs y 400.000 dólares para Bolán como comisión.

En medio de todas aquellas discusiones sobre el destino del dinero a nadie pareció extrañarle que Rosse se reservase el control de cincuenta millones de dólares, lo que, sin duda, constituía una situación cuando menos inusual. Además, aquella generosa donación tenía un añadido. En una carta dirigida a Bolán Rosse ponía una condición:

Nuestro acuerdo incluirá el compromiso del Vaticano de ayudarme en mi deseo de adquirir compañías de seguros, permitiendo a funcionarios del Vaticano certificar a las autoridades, si fuera necesario, que la fuente de financiación de la fundación es el propio Vaticano.5

Más tarde, Bolán declararía no haber leído nunca esta carta e incluso dudaba de haberla recibido. Y es que con esta cláusula, Frankel ofrecía a los sacerdotes el mismo trato que Michele Sin dona y Roberto Caivi establecieron en su día con el arzobispo Paúl Marcinkus: blanqueado de dinero a cambio de una generosa comisión o, lo que es lo mismo, una patente de corso del Vaticano para que Frankel pudiera estafar sin problemas las compañías de seguros que se habían convertido en su objetivo.

A pesar de que los términos del acuerdo se volvieron cada vez más oscuros y farragosos todo siguió adelante. El padre Jacobs hizo las veces de cicerone para Bolán en Roma. Le llevó a su Ciudad de los Muchachos, le mostró la entrada secreta de la basílica de San Pedro —reservada exclusivamente a los cardenales—, y, lo más importante, le concertó una entrevista con el obispo Francesco Salerno, secretario de la prefectura de asuntos económicos de la Santa Sede, y monseñor Gianfranco Piovano, de la secretaría de Estado.6

5. Behar, Richard, op. cit.

6. Johnson, J. A., Thief: The Bizarro Story of fugitive financier Martín Frankel, Lebhar-Friedman Books, Nueva York, 2000.


INOCENTES PERO NO TANTO
Con plena seguridad se puede asegurar que los sacerdotes ignoraban que el generoso benefactor que les estaba ofreciendo aquel negocio era un impostor, pero no podían ser tan inocentes como para no darse cuenta de que aquel trato no era del todo lo ético ni legal que debería. Con su 90 por 100 Frankel pretendía adquirir diversas compañías de seguros estadounidenses a través de la fundación respaldada por el Vaticano, que podría embolsarse más de cien millones de dólares con tan sólo dar su visto bueno. La increíble habilidad de Frankel para el fraude informático haría el resto.

No obstante, la amarga experiencia padecida con personajes como Sindona y Calvi había vuelto recelosos a los sacerdotes. Antes de que el acuerdo fuera firmado, Frankel se vio obligado a presentar ante el IOR documentación acreditativa de que poseía realmente el dinero necesario para realizar tan ambiciosa operación económica. Frankel respondió dándoles el número privado del banquero suizo Jean-Marie Wery, director del Banque SCS Alliance. Cuando éste fue preguntado por los funcionarios del IOR, aseguró que David Rosse (Frankel) era un hombre extraordinariamente rico con capacidad más que sobrada para emprender un negocio de mil millones de dólares.

El 1 de septiembre de 1998, monseñor Colagiovanni, monseñor Piovano y el obispo Salerno comunicaron a Bolán que el Santo Padre daba su aprobación a la creación de una nueva fundación de la Iglesia que tuviera a Rosse como presidente. Se le permitía, además, que abriera su propia cuenta en el Banco Vaticano, un privilegio al alcance de muy pocos seglares, todos ellos personas de la máxima confianza de la Iglesia. Sin embargo, aún quedaban varios cabos por atar. En el supuesto de que la operación saliese mal, el Vaticano podría verse involucrado como cómplice en una conspiración, y tal vez en una estafa, así que habría que hacer las cosas de otra manera. Rosse crearía una organización que, oficialmente, no estaría vinculada al Vaticano: la Fundación San Francisco de Asís para Servir y Ayudar a los Pobres y Aliviar el Sufrimiento.7

7. Morris, Mark, «Missouri Regulators Sue Vatican», Kansas City Star, 11 de mayo de 2002.

Frankel decía ser admirador de san Francisco de Asís, el hombre que renunció a sus riquezas para predicar la necesidad de una vida de pobreza y humildad basada en los Evangelios, lo cual no deja de ser paradójico viendo el estilo de vida del nuevo benefactor de la Iglesia. Cuando sus estafas fueron descubiertas, Frankel vivía en dos mansiones que habían costado 5,6 millones de dólares y que se pagaron al contado. Allí disfrutaba de chefs que le atendían las veinticuatro horas, disponía de bellas prostitutas que poblaban su piscina y de una flota de veinte automóviles de lujo. Todos sus empleados eran de sexo femenino. Controlaba todos sus negocios a través de ochenta ordenadores y se mantenía informado por medio de un panel de televisores sintonizados en diversos canales económicos de todo el mundo. Frankel dirigía su imperio desde aquella mansión, siempre en batín y zapatillas. En el momento de su detención llevaba encima diez millones de dólares en joyas.

En cuanto a la vida sexual del financiero mecenas también había más que fundadas sospechas. En 1997 la policía investigó la muerte de una de las integrantes del harén de Frankel, Francés Burge, de veintidós años, que apareció ahorcada en una dependencia de la mansión con una fusta y pornografía de temática sadomasoquista a su alrededor. El caso fue archivado como suicidio, a pesar de que Frankel era cliente habitual de The Vault, el club sadomasoquista más importante de Nueva York. Frankel no pareció lamentar mucho la muerte de Francés, a la que había contratado mediante un anuncio en una revista: «Francés no tenía el aspecto que yo esperaba —declaró a la policía—. Tenía sobrepeso, aunque era una buena persona. Aquella tarde se quitó la ropa y quiso tener sexo, pero a mí no me apetecía».
 

LA TAPADERA
La no vinculación directa entre el Vaticano y la fundación del falso Rosse era una medida de protección por si algo fallaba; en realidad, y tal como se establece en el texto de la demanda interpuesta en el Estado de Misuri contra el Vaticano:

[Colagiovanni] utilizó su posición como miembro de la Curia para convencer a funcionarios del gobierno estatal y a compañías de seguros en Estados Unidos de que la fundación San Francisco de Asís estaba relacionada con el Vaticano a través de Monitor Eccie siasticus, y de que la fundación era una iniciativa financiada por el Vaticano.8

La unión con Monitor Ecciesiasticus era el elemento que daba a la trama la cobertura vaticana que precisaba la fundación San Francisco de Asís. En los documentos de presentación de la organización se decía:

La fundación San Francisco de Asís fue creada en el Vaticano por la fundación Monitor Ecclesiasticus para contribuir al cumplimiento de las ideas de san Francisco de Asís a través de la ayuda a obras de caridad de todo el mundo.9

8. Ibid.

9. Joan Pollock, Ellen, op. cit.

En este texto se cometía una grave inexactitud, ya que donde realmente creó Frankel su fundación fue en las Islas Vírgenes bri tánicas, un lugar muy poco apropiado para una fundación pía. En una misiva dirigida a Rosse, monseñor Colagiovanni le aseguraba que todas las donaciones que recibiera Monitor Ecclesiasticus estarían protegidas por el estricto secreto bancario que caracterizaba al IOR: «Tan sólo el Papa puede revelar los detalles de cualquier depósito o donación».

La fundación no era más que humo, pero Monitor Ecclesiasticus no. La revista de derecho canónico que recibían cardenales y obispos de todo el mundo constituía para Frankel una inmejorable conexión con el Vaticano de cara a presentársela a sus futuras víctimas. Con esta cobertura, Frankel no dudó en comenzar las negociaciones para adquirir compañías de seguros en Estados Unidos. En una de aquellas operaciones, la de la empresa de Colorado Capitel Lite, el abogado Kay Tatum preguntó de dónde obtendría la fundación el dinero para realizar la transacción. La respuesta fue que la Santa Sede había donado 51 millones de dólares a través de Monitor Ecclesiasticus, hecho corroborado por monseñor Colagiovanni cuando el abogado le telefoneó al Vaticano. Por si aún albergaba alguna duda, Tatum recibió en su despacho la siguiente carta firmada por Colagiovanni:

Le certifico y confirmo a usted que ME [Monitor Ecclesiasticus] es el garante de fondos para la fundación San Francisco de Asís para Servir y Ayudar a los Pobres y Aliviar el Sufrimiento, una compañía de las Islas Vírgenes británicas... [...] ME ha contribuido aproximadamente con 1.000.000.000 $ (mil millones de dólares) a la fundación San Francisco de Asís desde su creación el 10 de agosto de 1998. Estos fondos fueron recibidos por ME desde varios tribunales católicos romanos e instituciones de caridad y culturales católicas romanas para las obras de caridad de ME. Estos fondos, a su vez, han sido donados por ME para su uso por la fundación San Francisco de Asís.10
 

NI UNA SOLA VERDAD
Este farragoso texto no contenía ni una sola verdad. Los mil mi llones de dólares que se mencionan ni existían ni habían existido.

Otra de las empresas en las que Frankel había centrado su atención era la Metropolitan Mortgage & Securities de Spokane, Washington. Su presidente, C. Paúl Sandifur, escribió una carta al Vaticano preguntando por ambas fundaciones:

La fundación [San Francisco de Asís] afirma ser agente de la Santa Sede y desea embarcarse en una transacción comercial de 120 millones de dólares. La fundación también afirma haber sido creada por Monitor Ecclesiasticus... a la que representa como fundación vaticana.

Apenas dos semanas después, el arzobispo Giovanni Battista Re, uno de los personajes más importantes de la curia, respondió a la carta con otra en la que no mencionaba ni una sola vez a Monitor Ecclesiasticus, aunque sí dedicaba una línea a la fundación San Francisco de Asís: «Esa fundación no ha sido aprobada por la Santa Sede ni existe en el Vaticano». Nada más recibir la carta, Sandifur telefoneó a Frankel para pedirle explicaciones.

10. Ibid.

El financiero parecía relajado. No había por qué preocuparse. Evidentemente, el Vaticano no iba a admitir nada por escrito concerniente a la fundación San Francisco de Asís. La Santa Sede no tenía el menor interés en revelar sus finanzas ni la extensión de su patrimonio. Si realmente los ejecutivos de la compañía querían comprobar las credenciales de la fundación, lo mejor que podían hacer era desplazarse a Roma y reunirse con las personas adecuadas. Así lo hicieron, y varios representantes de las compañías que iban a ser adquiridas viajaron a Roma, donde monseñor Colagiovanni les dio toda suerte de explicaciones sobre la fundación. Colagiovanni, no contento con implicar a la Iglesia y al papa en el fraude, llegó a asegurar que Monitor Ecclesiasticus era «un canal e instrumento en el cumplimiento de la voluntad y deseos del Supremo Administrador». La fe de Frankel, en cambio, estaba depositada en la astrología, de hecho, llegó a encargar una carta astral que intentara contestar a la pregunta «¿iré a la cárcel?».11

Ni los ejecutivos de las aseguradoras ni Frankel eran los únicos que se estaban poniendo nerviosos. Colagiovanni también estaba intranquilo. Había mentido de palabra y por escrito y, sin embargo, todavía no había visto un centavo de los cinco millones de dólares prometidos. Decidió escribir al abogado Bolán para pedir su mediación y que ejerciera su «persuasiva amabilidad en el trato con Mr. D [David Rosse]. Debo solicitar que al menos esta cantidad [los cinco millones de dólares] sea transferida por su parte para que podamos continuar implementando el programa de ME».

Para evitar que otra posible víctima fuera alarmada por fun cionarios del Vaticano, y así tranquilizar a Colagiovanni, Bolán fue enviado por Frankel de nuevo a Roma para reunirse con el arzobispo Agostino Cacciavillan, presidente de la administración del patrimonio de la Santa Sede.

11. Scarponi, Diane, «Former Financier Pleads Guilty», Associated Press, 15 de mayo de 2002.

A través de este engaño, Frankel fue capaz de adquirir siete compañías aseguradoras estadounidenses. Rápidamente comenzó a utilizar la estrategia de Sindona y las despojó de sus fondos, transfiriendo importantes cantidades a empresas fantasma ubicadas en diferentes paraísos fiscales.12 Finalmente todo fue descu bierto. Cuando las autoridades económicas estadounidenses pre guntaron a la Santa Sede sobre el asunto, la curia declaró que ninguna de las dos fundaciones implicadas tenía relación con el Vaticano. Frankel volvió a consultar a su astrólogo y éste le dijo que las cosas se estaban poniendo realmente feas, ante lo cual reunió todo el dinero que pudo y huyó a Europa en compañía de dos de sus novias.

En octubre de 1999, las autoridades estimaron que Frankel había robado unos doscientos millones de dólares de las compañías estafadas. En diciembre de ese mismo año fue detenido en Alemania, donde se declaró culpable de contrabando de joyas por valor de varios millones de dólares a fin de evitar, o al menos retrasar, su extradición a Estados Unidos. Tras un intento de fuga, fue devuelto a su país y juzgado por diversos cargos. En 2001, el Vaticano fue demandado como cómplice por las comisiones de seguros de varios Estados, solicitándosele doscientos millones de dólares en concepto de reparación.

12. Varios autores, The Crime Library, Dark Horse, Nueva York, 2002.

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LA MALA EDUCACIÓN. LOS ESCÁNDALOS SEXUALES DEL CLERO

Por si los graves problemas económicos no hubieran sido suficiente, la última etapa del pontificado de Juan Pablo II se vio sal picada por multitud de escándalos sexuales protagonizados por sacerdotes. Tan grave llegó a ser la situación que el volumen de las Acta apostolícele seáis (Actas de la sede apostólica), el boletín oficial del Vaticano, correspondiente a 2001, recogía una serie de directrices redactadas por el papa y por la Congregación para la Doctrina de la Fe para intentar atajar este serio asunto.

Una carta del hoy papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, instaba a las diócesis a informar al Vaticano de cualquier caso de esta naturaleza y a someterlo al juicio de un tribunal eclesiástico secreto a la mayor brevedad posible.

Con esta carta, esperamos no sólo que estos graves delitos sean evitados, sino sobre todo que la santidad del clero y de los fieles se vea protegida por las necesarias sanciones y por el cuidado pastoral ofrecido por los obispos u otros responsables.1

La circular de Ratzinger no mencionaba nada respecto a la necesidad de denunciar ante las autoridades civiles los casos de pederastía que se descubriesen. Más bien al contrario, hacía especial hincapié en que el contenido de la carta fuera tratado con la máxima reserva posible y no saliera del estricto marco de la Iglesia católica.

Uno de los casos que tanto preocupaban a Ratzinger ocurrió en España en febrero de 2002, cuando Ignacio Lajas Obregón, párroco de Casar de las Hurdes, Cáceres, fue detenido por un presunto delito de pornografía infantil cometido a través de Internet. El sacerdote, de veintinueve años, fue uno de los nueve arrestados por pertenecer a una red internacional de intercambio de imágenes:

Es un hombre correcto —señalaba un vecino de Casares entrevistado por el diario El Mundo—, pero tiene un enorme vicio con el ordenador. Su madre se ha quejado en muchas ocasiones porque es taba hasta bien entrada la madrugada con el ordenador encendido.2

El obispado de Coria-Cáceres emitió un comunicado en el que se destacaba la conducta ejemplar del detenido, así como su arrepentimiento.

También en España, y en ese mismo año, se hizo público el caso de un ex juez del Tribunal Eclesiástico de Madrid, al que sólo se conoce por sus iniciales, J. M. P., que fue denunciado por abusos sexuales continuados sobre una niña de cuatro años.3

1. Galán, Lola, «El Vaticano impone juicios secretos para casos de pederastía en el clero». El País, 9 de enero de 2002.

2. Zama, Marife, «Detenido un cura por pertenecer a una red de pornografía infantil», El Mundo, 14 de febrero de 2002.

3. Tristán, Rosa M-, «Denuncian a un ex juez eclesiástico por abusos sexuales a una niña», El Mundo, 8 de marzo de 2002.

Se

gún la denuncia, todo comenzó cuando la madre de la víctima al quiló una habitación a J. M. P., el juez que le tramitó su separa ción matrimonial. La niña comenzó a tener un comportamiento anormal, pero nadie sospechó nada raro hasta que en 1996, ya con diecinueve años, confesó que había sufrido abusos sexuales por parte de J. M. P. La madre informó al cardenal Rouco Várela, arzobispo de Madrid, para que suspendiera al sacerdote, y en 1997 puso una denuncia.

El juez ordenó someter a la joven a un tratamiento de hipnosis regresiva, el primero que se realizaba en España por orden ju dicial. La madre sufrió un gran impacto al presenciar la prueba:

«La sesión grabada es espeluznante. Mi hija vuelve a la infancia y relata agresiones terribles. Algunas tenían lugar en casa, otras en la sede del Tribunal Eclesiástico».

En España, los estudios académicos sobre abuso de menores y la implicación del clero en estas prácticas arrojan unas cifras es calofriantes. En 1994, fecha de la realización del estudio, se llegó a la conclusión de que un 19 por 100 de la población española había sido víctima de abusos sexuales siendo menor. De ellos, el 8,96 por 100 de los hombres y el 0,99 de las mujeres lo fueron a manos de un religioso católico. Dicho de otra forma, el 4,17 por 100 de los abusos sexuales a menores han sido cometidos por un miembro del clero.4
 

4. López Sánchez, Félix, Abusos sexuales a menores. Lo que recuerdan de mayores, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1996.

DIABLOS CON SOTANA
El problema de los sacerdotes pedófilos no es nuevo. Sin embargo, siempre había sido algo de lo que se hablaba en voz baja, nunca se sabía si pertenecía al ámbito de las leyendas urbanas o si era real y, como mucho, terminaba siendo tema de algún chiste de mal gusto. En 1985 las dudas sobre la realidad y gravedad del asunto comenzaron a despejarse cuando el padre Gilbert Gauthe, de Lafayette, Louisiana, confesó haber abusado sexualmente de decenas de muchachos.5 Gauthe acabó en la cárcel cumpliendo una condena de veinte años. El asunto sirvió para dar publicidad, y sólo en Louisiana aparecieron decenas de víctimas que denunciaron abusos sexuales. En la mayoría de los casos, la Iglesia pagó con dinero el silencio de los afectados, pero no fue suficiente para detener la marea negra que se le vino encima.

5. Berry, Jason, Lead Us Not into Temptation: Catholic Priests and the Sexual Abuse of Children, University of Illinois Press, Chicago, 2000.

La situación se volvió alarmante. Thomas Doyie, un experto en derecho canónico del Vaticano destacado en Washington, envió un informe secreto a la Santa Sede en el que estimaba que, de no ponerse remedio, la Iglesia podría enfrentarse a un escenario en el que tendría que pagar más de mil millones de dólares en indemnizaciones durante los próximos diez años.

En 1989 el obispo de Hawai, Joseph Ferrarlo, tuvo el dudoso honor de convertirse en el primer jerarca de la Iglesia en ser acusado de abusos sexuales. Sus abogados consiguieron que no se sentara en el banquillo, no por falta de pruebas, sino debido a un defecto de forma. Un año más tarde, el escándalo fue aún mayor al conocerse que el acusado era el responsable de un centro de acogida de menores. Otro caso notorio fue el del padre Bruce Ritter, responsable de la Covenant House, un orfelinato especializado en jóvenes con problemas. Lo que nadie podía sospechar es que en muchas ocasiones el problema era, precisamente, el padre Ritter. Varios de los antiguos inquilinos de la institución le acusaron de abusos sexuales, tras lo cual fue enviado rápidamente a la India.

En Bostón la situación era mucho peor. En febrero de 2002 empezaron a salir a la luz los detalles escabrosos de cuarenta años de abusos sexuales en algunas de las iglesias católicas más conocidas de la ciudad. El cardenal Bernard Law se enfrentó a una crisis de primer orden no sólo por lo bochornoso y repugnante del hecho en sí, sino porque centenares de víctimas comenzaron a pedir compensaciones económicas por los asaltos sexuales de los curas. El cardenal intentó defenderse recurriendo al argumento de que los sacerdotes culpables eran «enfermos», y, por tanto, no eran responsables de sus actos. A la justicia estadounidense, sin embargo, le parecieron criminales.

Las autoridades se hicieron con un listado en el que aparecían los nombres de 87 curas catalogados por la Iglesia en sus archivos como sacerdotes con un pasado de abusos sexuales a niños. En muchos de los casos, la Iglesia había llegado a acuerdos particulares con los afectados sin denunciar los hechos ante la justicia. Las estimaciones de las autoridades hablaban de más de mil víctimas. El detonante de todo el caso fue el descubrimiento de las actividades del sacerdote John J. Geoghan, al que se le imputaron ochenta causas por abusos sexuales.
 

UN SACERDOCIO MUY EFECTIVO
No deja de ser sorprendente lo dicho por el cardenal Law cuando se hizo pública la primera condena contra Geoghan: diez años de cárcel y la recomendación de que, una vez abandonara la prisión, se le vigilase estrechamente. «Tu sacerdocio ha sido muy efectivo, tristemente interrumpido por la enfermedad. Que Dios te bendiga, Jack». «Jack» le había costado a la Iglesia 11,5 millones de euros en indemnizaciones privadas.6 El reverendo Jack buscaba en la parroquia a madres de familias numerosas que atravesaran por graves problemas económicos. Era lógico que su oferta de ayuda fuera vista por esas madres agobiadas como una tabla de salvación.

Pronto, el sacerdote Geoghan se hacía habitual en las casas de sus víctimas: duchaba a los niños, rezaba con ellos en la cama y, ocasionalmente, les llevaba a merendar. Durante aquellos paseos, el sacerdote detenía el coche y obligaba a los niños a que le masturbaran. Después, venía la amenaza:

«Como cuentes esto nadie te va a creer».

Una familia llegó a descubrir que el cura había abusado de sus siete hijos. Cuando se pusieron en contacto con la archidiócesis para denunciar los hechos, la carta que recibieron del cardenal Humberto Medeiros, predecesor de Bernard Law, les dejó estupefactos. Les pedía que no dieran a conocer la noticia por el propio bien de los niños: «Al mismo tiempo invoco a la compasión de Dios y comparto esa compasión en el conocimiento de que Dios perdona los pecados».

6. González de la Vega, Berta, «El diablo llevaba sotana», El Mundo, 24 de febrero de 2002.

Tan grave y extenso es el problema actualmente en Estados Unidos que existe una Red de Supervivientes de Abusos Sexuales de Curas. Según los datos que obran en poder de su presidente, David Ciohessy, entre el 2 y el 10 por 100 de los sacerdotes católicos estadounidenses puede ser pedófilo. El número de víctimas se ha estimado en unas cien mil. El estereotipo del sacerdote abusador suele corresponderse con el de un rígido cura con sotana y doble moral. Sin embargo, los curas «progres» no se encuentran libres de sospechas. Buen ejemplo de ello es el caso del padre Paúl R. Shanley.

En los años setenta, con su pelo largo y su ropa informal, así como su defensa a ultranza de los drogadictos y los homosexuales, representaba en Bostón la encarnación del cura «amigo». Tal vez demasiado. Su atractivo físico y su carisma provocaron que recibiera no pocas tentaciones para pecar con al guna de sus feligresas, pero sus gustos no iban por ahí. Al padre Shanley le gustaba el juego, en especial las partidas de strip po ker7 que organizaba con los jovencitos de su parroquia. Shanley decía a los adolescentes que Dios le utilizaba para averiguar quién era homosexual. Cuarenta y dos víctimas identificadas hasta el momento sufrieron sus abusos.
 

ESCÁNDALO EN POLONIA
Para el papa, mucho peor que el gigantesco problema surgido en Bostón fue comprobar que su Polonia natal tampoco se libraba de estos terribles hechos. El implicado en aquella ocasión fue el arzobispo de Poznan, Julius Paetz, acusado de agredir sexualmente a varias decenas de sacerdotes y seminaristas de su propia diócesis. Roma envió una comisión investigadora a Poznan, que interrogó durante una semana a los clérigos que afirmaban haber sido víctimas de las agresiones sexuales del arzobispo, así como a varias decenas de sacerdotes y fieles. Todos se ratificaron en sus denuncias y el rector de un seminario que se encuentra a doscientos metros del palacio episcopal, el padre Tadeus Karzkosz, contó que tenía prohibido al arzobispo el acceso a sus instalaciones.8

7. Variante del póquer tradicional que consiste en apostar prendas de vestir hasta que la mayoría de los participantes se quedan desnudos. (N. del A.)

8. Vidal, José Manuel, «Un arzobispo polaco es acusado de abusar sexualmente de seminaristas», El Mundo, 25 de febrero de 2002.

El de Polonia no fue un caso aislado. En Europa comenzaron a surgir una cascada de hechos similares a los denunciados en Estados Unidos. En Austria, el arzobispo de Viena, Hermann Groer, fue forzado a dimitir tras ser acusado de abusar de varios jóvenes en un seminario. Su sustituto, el cardenal Christoph Schonborn, no tuvo más remedio que reconocer la veracidad de las informaciones y pedir disculpas públicamente. Mientras, en Irlanda, la Iglesia desembolsaba más de cien millones de dólares para indemnizar a los afectados por los abusos sexuales.

Francia se estremeció con la condena a tres meses de cárcel contra el obispo de Bayeux-Lisieux, Fierre Pican, culpable de «haberse abstenido de denunciar» los actos pedófílos de un cura de su diócesis, Rene Bissey. Para el tribunal, «dado que se trata de niños, el silencio del señor obispo supone un excepcional tras torno del orden público». Ya en octubre de 2000, Bissey había sido condenado a dieciocho años de cárcel por haber abusado sexualmente de varios menores de quince años. Aunque el obispo Pican sabía del comportamiento delictivo de Bissey nunca lo condenó, limitándose a apartarlo durante algún tiempo de la enseñanza y a trasladarlo cuando los rumores sobre sus abusos sexuales con los niños se habían vuelto demasiado notorios.9

Poco después de lo ocurrido en Polonia, el 10 de marzo de 2002 el fantasma del abuso sexual regresó a Estados Unidos, obligando a dimitir al obispo de Florida, Anthony J. O'Connell, que admitió públicamente que veinticinco años atrás había abusado de dos seminaristas: «Quiero pedirles disculpas sincera y humildemente, y quiero que me perdonen por el daño, la confusión, el dolor y el enfado que mis palabras puedan producir».10

9. «Condenado el obispo francés que no denunció a un sacerdote pederasta». El País, 5 de septiembre de 2001.

10. Cuna, Felipe, «Dimite un obispo de Florida tras admitir que abusó de dos seminaristas», El Mundo, 10 de marzo de 2002.
 

O'Connell admitió que a finales de la década de los setenta se metió en la cama, desnudo, con Christopher Dixon, un joven que había acudido a él para pedirle consejo. El obispo dijo que no mantuvo relaciones sexuales y que sólo hubo tocamientos. Con la cabeza baja, O'Connell confirmó más tarde que esto sucedió en otra ocasión, aunque se desconoce la identidad de la víctima. La cosa no llegó a más dado que la diócesis de Misuri, a la que pertenecía, silenció el asunto pagando 125.000 dólares. Se da la circunstancia de que O'Connell había llegado a Florida tres años antes para sustituir al obispo J. Keith Symons, que también cesó en su cargo tras confesar abusos a menores.

Quince días más tarde, en Nueva York, la tercera diócesis de Estados Unidos, el cardenal Edward Egan tuvo que justificar su decisión de permitir el ejercicio a sacerdotes involucrados en abusos cuando era obispo de Bridgeport (Connecticut). En una misiva repartida por las 413 parroquias de la ciudad, Egan aseguró que los casos sucedieron antes de que él asumiese la dirección y que una comisión psiquiátrica respaldó el regreso de aquellos sacerdotes al ministerio.

El alud de denuncias trajo consigo una ingente cantidad de dinero para acallar a las víctimas. En 1992 se estimaba que la Iglesia había gastado 400 millones de dólares en este tipo de acuerdos. Sólo en la diócesis de Bostón los arreglos extrajudiciales le costaron a la Iglesia aproximadamente treinta millones de dólares. En 1996, las parroquias de Dallas tuvieron que hacer frente al pago de otros treinta millones. En San Louis, casi dos millones. En muchas ocasiones, la estrategia de defensa de la jerarquía católica fue tratar de criminalizar a las víctimas y así ahorrarse el pago de indemnizaciones. La diócesis de Santa Fe, Nuevo México, llegó a contratar a un detective privado para indagar el pasado de un joven que había denunciado a un sacerdote, involucrado anteriormente en otros casos de abusos.

11. Anguila Parrado, Julio, «Los escándalos acorralan a la Iglesia de EE UU», U Mundo, 2.5 de marzo de 2002.


EL ABORTO DEL PADRE JOHN
En California, las diócesis de Orange y Los Ángeles extendieron un cheque de 1,2 millones de dólares a Lori Capobianco Haigh, una mujer que durante su adolescencia mantuvo una relación con el sacerdote John Lenihan, que la ayudó posteriormente a abortar. Los abusos de Lenihan comenzaron cuando Haígh tenía tan sólo catorce años. Los contactos sexuales culminaron con un embarazo a los dieciséis:

«El padre John me condujo hasta su banco, me dio dinero para pagar el aborto, pero no vino conmigo a la clínica... No le preocupaba el estado de mi alma». Los abusos terminaron cuando «el padre John se interesó por otra mujer».

En su demanda, Lori Haigh acusaba a los responsables de la diócesis de desoír sus reiteradas peticiones de ayuda y de no tomar medidas contra Lenihan, pese a que las primeras quejas contra él databan de 1978. En una ocasión, Haigh asegura que uno de los sacerdotes trató de besarla después de que le hubiese contado los abusos que sufría del padre John.12

Pero la Iglesia no sólo se gastaba dinero en acuerdos extrajudiciales. Las sentencias de los tribunales imponían indemnizaciones mucho más cuantiosas. En 1997 un tribunal de Dallas dictó una sentencia a favor de las víctimas del padre Rudy Koss, imponiendo el pago de 120 millones de dólares. En las posteriores apelaciones la sentencia quedó reducida a treinta millones, pero aun así la diócesis se vio obligada a vender parte de sus propiedades. El abogado Roderick McLeish, representante de muchas de estas víctimas, estimaba que aquellas cantidades eran sólo la punta del iceberg de un «agujero» económico importantísimo en las arcas de la Iglesia.13

12. Anguita Parrado, Julio, «La Iglesia paga a una mujer para evitar que denuncie a un cura». El Mundo, 3 de abril de 2002.

13. Symonds, William C., «The Economic Strain of the Church», Business Week, 15 de abril de 2002.

En España la cosa tuvo algunos matices diferentes y el Tribunal Supremo condenó a una compañía aseguradora a indemnizar como responsable civil subsidiaria a tres niños que sufrieron abusos sexuales por parte del director de un centro dependiente de una parroquia de la localidad barcelonesa de Llagosta.14

Así las cosas, en abril de 2002 el Vaticano fue denunciado y llamado a juicio en los Estados de Florida y Oregón para responder a las acusaciones de conspiración y de encubrimiento a los sacerdotes que ejercieron abusos sexuales y pedofilia. Era la primera vez que el nombre del Vaticano aparecía vinculado con el abuso a menores. Juan Pablo II no figuraba en la lista de los sospechosos llamados a declarar, pero el tribunal pretendía poner en evidencia a otros altos dignatarios de la Iglesia romana.15

En Cleveland, más o menos por las mismas fechas, el reverendo Don Rooney apareció muerto al volante de su coche con un disparo en la cabeza después de faltar a una cita con sus superiores, que iban a preguntarle respecto a las denuncias que pesaban sobre él por haber abusado de una joven.16 Se suicidó antes de hacer frente a sus actos.

14. «El seguro de una iglesia indemniza a tres niños que sufrieron abusos», El Mundo, 15 de abril de 2002.

15. Amon, Rubén, «Citan al Vaticano a juicio por encubrir a los curas pedófílos», El Mundo, 5 de abril de 2002.

16. Cuna, Felipe, «El cardenal de Los Angeles, acusado de abusos sexuales», El Mundo, 7 de abril de 2002.

En Estados Unidos el asunto había adquirido unas proporciones enormes, convirtiéndose en tema prioritario de actualidad nacional. El presidente George W. Bush llamó la atención de la Santa Sede diciendo que estaba seguro de que la Iglesia limpiaría su imagen y haría lo correcto. El asunto había llegado demasiado lejos y Juan Pablo II mandó llamar al Vaticano a los cardenales estadounidenses para discutir la situación. En aquel momento ya había alrededor de 600 sacerdotes acusados de abuso a menores. La negativa del pontífice de suspender a los sacerdotes encontrados culpables de estos hechos había suscitado las más encendidas críticas a nivel mundial. Los curas pedofilos sólo serían separados del sacerdocio si el hecho era «establecido, notorio y reiterado»...17

17. Clarín, 25 de abril de 2002.
 

RELACIONES PÚBLICAS, PECADOS PRIVADOS
La cumbre de los cardenales estadounidenses con Wojtyla fue percibida como «un ejercicio de relaciones públicas (...) para ha cer ver que el Papa se ocupa del asunto».18 Razones sobraban, ya que además de poner en evidencia la descomposición política y moral de la Iglesia, el escándalo amenazaba con arruinar a las instituciones educativas católicas, cuyo prestigio iba mermándose poco a poco.

Los cardenales norteamericanos fueron reprendidos duramente, pero no por haber consentido semejantes desmanes en sus dominios, sino por su falta de discreción, por haber reconocido la existencia de abusos sexuales y por entregar a la justicia, contra las órdenes expresas de la Santa Sede, los nombres de los culpables.19 El papa emitió una carta titulada Sacramentorum sanctitatis tutela (Tutela de la santidad de los sacramentos) en la que se reafirmaba la autoridad absoluta y exclusiva de la Congregación para la Doctrina de la Fe en los casos de delitos sexuales,20 actuando por encima de las autoridades laicas y, a ser posible, sin conocimiento de éstas.

18. The New York Times, 19 de abril de 2002.

19. The New York Times, 20 de abril de 2002.

20. Acta apostolícele seáis, vol. XCIII, núm. 11, 5 de noviembre de 2001.

Tras la reunión vaticana del papa con los cardenales pudo detectarse un cambio radical en la estrategia jurídica de la Iglesia. La litigación agresiva reemplazó a los acuerdos extrajudiciales. No se iba a dar más dinero fácil. La nueva estrategia se basaba en la investigación de la vida privada de las víctimas, buscando antecedentes que mermasen su credibilidad o pusieran en duda la responsabilidad de los agresores. Ya no se darían más documentos internos de la Iglesia a la justicia. En último extremo, se pro curaría alargar lo más posible los procesos judiciales, intentando, así, que el delito prescribiese. Estas tácticas suponían para las víctimas pasar por otra experiencia dolorosa antes de obtener justicia.

(El asidero al que se agarró la Iglesia consistía en que cuando el afectado acudiese a otro sacerdote para denunciar los hechos, éste recurriese a una argucia sutil y efectiva para no tener que denunciar al compañero y, a la vez, librarse de los cargos de encubrimiento. Simplemente, instaba a la víctima a que contase lo su cedido bajo la formalidad del sacramento de la confesión, cuyo secreto está protegido por las leyes.)

Con todo ello, lo que se hacía era perpetuar una tradición de secretismo y ocultismo respecto a estos crímenes. Ya en 1962, Juan XXIII emitió un documento titulado Crimine solicitaciones, en el que se hacía explícita referencia a los delitos sexuales cometidos por los sacerdotes, instando a la jerarquía católica a mantenerlos en el más estricto de los secretos bajo pena de excomunión.

Las buenas noticias para el Vaticano eran que sus cuentas se encontraban a salvo. Como Estado soberano, la Santa Sede no podía ser demandada ni obligada a pagar indemnizaciones. En todos los casos anteriores fueron las diócesis las que tuvieron que pagar con sus propios recursos una situación especialmente grave, debido a que los escándalos afectaron a algunas de las económicamente menos favorecidas. Scott Appleby, director del Centro Cushwa de Estudios Católicos de la Universidad de Notre Dame, resume perfectamente la situación: «Muchos programas de ayuda han tenido que ser suprimidos y los pobres han sido los más afectados».21

La diócesis de Santa Fe se vio forzada a vender una casa de retiro para monjas dominicas. Chicago y Dallas también tuvieron que vender propiedades. Las compañías de seguros pasaron a especificar expresamente la no cobertura de la pedofilia en las pólizas que se suscribían con la Iglesia. Además, las donaciones, sobre todo en Estados Unidos, el país en el que son más cuantiosas, cayeron en picado. Una vez más, las arcas de la Iglesia se vaciaban bajo la sombra del escándalo.

21. Dillion, Sam y Wayne, Lesile, «As Lawsuits Spreads, Church Faces Questions of Finances», The New York Times, 13 de junio de 2002.
 

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